El pasado 31 de Agosto, apenas tres meses después de haber ganado el Partido Popular las últimas elecciones autonómicas y municipales, en la Edición Digital de ABC se recogía el catálogo de medidas que la nueva Presidenta de la  Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (CLM), María Dolores de Cospedal, tenía previsto adoptar en la región para atajar la deuda y el déficit que “heredaba” del anterior gobierno socialista de José María Barreda. Estas medidas de la también Secretaria del Partido Popular era:

-          Reducción de 500 liberados sindicales, más la supresión de subvenciones a sindicatos y patronal.

-          Reducción de un 20% del presupuesto de la Radio Televisión de Castilla La Mancha.

-          Exigencia de la prestación de 2 horas lectivas adicionales a los profesores, más la supresión de todos los Centros de formación de Docentes de la Comunidad a excepción de uno.

-          Eliminación de 19 empresas y fundaciones públicas.

-          Suspensión de la ejecución de obra nueva en infraestructura.

-          Supresión de la Comisión Regional de la Competencia, del Consejo Económico y Social, del Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha, y del número de conductores.

-          Eliminación de la Revista “Castilla La Mancha”.

-          Reducción durante 2.012 de la partida destinada a la Oficina Técnica de la Vivienda, que finalmente desaparecerá en 2.013.

-          Recorte de un 10% en subvenciones.

-          Reducción de un 51,6% de las transferencias a las empresas públicas del sector agrícola, y reducción de las subvenciones a empresas públicas y privadas de dicho sector.

-          Desaparición de la Fundación “Ínsula Barataria”, del Instituto “Don Quijote de Promoción turística”, y del Instituto “De la Vid y el Vino de Castilla La Mancha –IVICAM-“.

Presentaba dicho Plan como EJEMPLO, y EL ÚNICO POSIBLE ante “la situación de endeudamiento de la Comunidad”. Como un “Plan de Choque” para ahorrar 1.815 millones de Euros entre 2.011 y 2.012, “justo, bueno, equitativo y equilibrado”.

Rosario Soto, Portavoz del Partido Popular en Andalucía, justo al día siguiente, anunciaba que el plan de recortes de Cospedal en CLM, había de ser “la hoja de ruta” del resto de CC.AA. incluida Andalucía. Y recordó que el Presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha defendido “en infinidad de ocasiones, actuaciones similares”.

Con el que llamaba “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos” la dirigente popular afirmaba sin recato “vamos a dar un ejemplo a toda España” y haciendo cierto el aforismo “excusa non petita, accusatio manifiesta” añadía a continuación, y ahí está la clave de bóveda de la cuestión: “SIN RECORTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS”.

El PSOE de Castilla La Mancha, que hasta el 22 de Mayo gobernó la comunidad, no tardó en reaccionar denunciando (Diario Público, 1 de Septiembre de 2.011), dadas las partidas presupuestarias en las que se anunciaban o podían adivinarse recortes, lo que consideraba “un ataque sin precedentes a la educación y a la sanidad públicas, y a la economía productiva toda, con la destrucción de más de 15.000 empleos públicos”.

Ponía igualmente de manifiesto que desaparecería el 40% de puestos del personal eventual contratado por la Junta de CLM, y que dadas las medidas previstas en el sector sanitario, 4.000 médicos, enfermeras y auxiliares irían a la calle, y 4.500 profesores y maestros les acompañarían, junto a los 3.000 empleados que habrían de ser despedidos en Centros de Mayores y Discapacitados.

Sólo abrir los Centros educativos y sanitarios, indicaban nuestros compañeros de Castilla La Mancha, suponía un gasto anual de 5.800 millones de Euros, razón por lo cuál se veía imposible que con la partida presupuestaria prevista a tal efecto no fueran a producirse recortes en estos sectores, pilares básicos del Estado del Bienestar. De igual forma, mostraba sus sospechas de que tras el enunciado “Racionalización de las infraestructuras e instalaciones sanitarias” no se ocultase en realidad la privatización o venta de algún centro hospitalario, y lamentaba que se hubiera optado por la congelación de obra pública nueva, que habría de conllevar la pérdida de otros 10.000 empleos, pues queda acreditado que por cada millón de Euros en inversión pública se generan 25 puestos de trabajo.

José Luis Martínez Guijarro, Portavoz socialista en las Cortes Regionales de CLM daba la clave de la cuestión: “Gobernar significa dar prioridad a las cosas y, entre las prioridades de la Presidenta de la Junta, no figura el gasto social”.

Los hechos vinieron a darle la razón casi de inmediato, cuando los medios de comunicación, pese al discurso de la regidora manchega, empezaron a denunciar que más de 30.000 viudas de la región no habían percibido la paga semestral del complemento anual de 400 Euros a su Pensión, que implantó el gobierno socialista de Barreda; cuando se dejó de pagar a las farmacias por las recetas cuyo coste sufragaba antes la sanidad pública; y cuando se hicieron eco de que Castilla La Mancha no pagaba la Dependencia desde hacía 3 meses (desde que se hizo el Partido Popular con su gobierno).

Con la excusa del ahorro, María Dolores de Cospedal suprimía además organismos cuya función era controlar a su gobierno, como el Defensor del Pueblo de CLM (institución cuya necesidad y utilidad ya se reconoce desde el siglo XII en el Reino de Aragón, donde se le denominaba “Justicia Mayor”; en Castilla en el siglo XV, como “Procurador del Común”, y en Canarias desde el siglo XVIII, como “Diputado del Común”), o completar sus decisiones, como en el caso del Consejo Económico y Social de la región, que también hacía desaparecer.

Dadas las cifras anunciadas, los buenos propósitos para con las partidas sociales con que las acompañó la gobernante popular al hacerlas públicas, y la rotunda realidad de los hechos que a diario nos hemos venido encontrando en los diferentes medios de comunicación desde entonces (protestas de farmacéuticos, profesores, etc), Cándido Méndez, Secretario General de UGT, pronunciaba la frase que me ha dado para titular este texto: “No tocar los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), no subir impuestos, y lograr un recorte de ese calibre, es imposible. Es LA TRIANGULACIÓN IMPOSIBLE”. Es FALSO, en definitiva.

Los socialistas andaluces fueron más allá, y extrapolando los efectos de las medidas del gobierno Cospedal que Javier Arenas (PP) quiere trasladar a las cuentas de Andalucía, concluyeron que aumentar el número de horas lectivas semanales de los profesores, de 18 a 20 (cosa que también quiere hacer Esperanza Aguirre en Madrid) implicaría el aumento de un 11% en la dedicación de los docentes y por ende, la reducción de 4.580 profesores de Secundaria, de los 41.460 que hay en la Comunidad. “¿Con menos profesores crece la calidad del sistema educativo?” se preguntaba Francisco Álvarez de La Chica, Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, mientras inquiría también por qué estos recortes afectaban únicamente a la enseñanza pública y no a la privada o concertada. “No se está haciendo un debate para mejorar la educación –proseguía- sino para gastar menos dinero”.

Pepe Griñán (presidente socialista del gobierno andaluz), por su parte, colocaba a la enseñanza pública, como prioridad en los Presupuestos de la Comunidad para el año 2.012. Y Micaela Navarro (Consejera de Igualdad y Bienestar Social) recordaba que trasladar los recortes de Cospedal a Andalucía, supondría el cierre de más de 2.500 plazas de residencias, y que la eliminación del programa de turismo social tal y como ha sido llevado a cabo en CLM, implicaría que más de 600 personas perdieran sus empleos en la región.

Recortar a toda costa, y sin miramiento alguno hacia la naturaleza social de la gran mayoría de los sectores afectados por la medida, parece ser el plan de trabajo que el Partido Popular tiene previsto materializar en el supuesto de que de los comicios electorales del próximo 20 de Noviembre, resulten con una victoria a su favor.

Todo ello sin tener en cuenta que centrar un ajuste fiscal sólo en recortes de gasto social, no es sólo injusto sino ineficiente, si no se hace, además, un esfuerzo por aumentar la capacidad recaudatoria –Ufana, María Dolores de Cospedal, ha dicho que no piensa subir impuestos-. ¿De dónde recortar entonces? La preferencia por la poda de unas u otras partidas dependerá del color del gobierno que resulte de la próxima cita electoral.

La derecha ya estamos viendo de dónde prefiere amputar: Educación y Sanidad Públicas, prestaciones sociales (dependencia, etc). Y mucho me temo que esto es sólo el “enseñar la patita” de un partido, el Popular, que a sabiendas de la impopularidad de tales medidas (vayan a perjudicar sus expectativas electorales), se está reprimiendo hasta el próximo 20 de Noviembre para, si gana las Elecciones Generales, dar rienda suelta a sus desaforadas ansias de recorte.

Y me pregunto: Abanderados de mal llamadas “políticas de austeridad”, ¿En qué medida se han aplicado éstas respecto a los sueldos de altos cargos, cargos de confianza, y cargos de segundo nivel, cuyos abultados montantes nos dejan estupefactos a diario cuando vamos conociéndolos a través de los medios de comunicación?. ¿Y sobre las subvenciones a los colegios privados concertados?. ¿Y sobre las subvenciones a la Iglesia Católica?.

Los flamantes regidores populares que han llegado al poder en CC.AA., Diputaciones y Ayuntamientos tras el 22 de Mayo, con el común denominador de haber pasado la guadaña por el gasto social de los presupuestos de aquéllas instituciones en las que han empezado a gobernar, recurren a la cantinela de la “herencia envenenada dejada por el gobierno socialista anterior” para tratar de justificar los mismos ante una ciudadanía aún incrédula, que asiste con estupor, a lo que nunca pensaron podría llegar a darse en la España del Estado del Bienestar.

“La situación financiera es insostenible, y es necesario acometer reformas (eufemismo de recorte)” dicen aquí y allí cuando se les pregunta por las medidas adoptadas.

Pareciera que cuando recortan empleo, cobertura social, calidad en la enseñanza y la sanidad públicas, fuere siempre responsabilidad del gobierno socialista que les precediera que habría dejado exahustas las arcas públicas de la Institución en cuestión.

Y he aquí que con los mismos recortes y medidas antisociales nos topamos en Comunidades que con anterioridad al 22 de Mayo, no sólo no estaban gobernadas por el PSOE, sino que lo fueron por el Partido Popular.

Así, sin que haya habido un cambio de color en el gobierno que decide qué gasto se prioriza, y cuál se sacrifica, coinciden en la Comunidad de Madrid, en la de Valencia y en Galicia, los mismos envites a los pilares básicos del Estado del Bienestar, y justo en el mismo momento.

En Madrid, y a modo de ejemplo de plena vigencia, con la idea de la Consejera de Educación Y Empleo, Lucía Fígar (PP), de ampliar el horario lectivo dos horas más por semana, entre 3.000 y 3.200 profesores interinos (el 12% de la plantilla de Secundaria) no renovarán contrato como tales con lo que, con menos docentes en los Centros, y obligados éstos a impartir materias que no dominan, la calidad de la enseñanza pública se verá, además, seriamente afectada. Dicho ahorro, por otro lado, y en contra de lo que en su momento anunció Esperanza Aguirre, no se está reinvirtiendo en Educación, cuyo Presupuesto sigue congelado. Otro tanto está ocurriendo en Galicia.

Y en Valencia, la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana ya ha advertido que habrá desabastecimientos, cierres de empresas y despidos de trabajadores, si el Gobierno de la Generalitat no soluciona el problema de los impagos que sufren desde 2.008.

¿Así pretende González Pons crear los tres millones y medio de empleos que a modo de brindis al sol, dijo iba a hacer su partido, de ganar las próximas elecciones generales?.

El PSOE no ha pasado por los últimos gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Madrid, y ambas son, gobernadas en anteriores legislaturas por el Partido Popular, con diferencia, la 2ª (con 17.895 millones de Euros) y la 3ª (con 14.111 millones de Euros; 1.794 millones más que el años pasado), más endeudadas de España. –Datos del Banco de España, a fecha 17 de Junio de 2.011-.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, en manos de Ruíz Gallardón (PP), con 7.008 millones de Euros, casi la mitad de la deuda que suman todas las capitales de provincia españolas (15.338 Millones), Y UNA CUARTA PARTE DE LO QUE DEBEN EL TOTAL DE LOS CASI 8.000 AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES, es también el más endeudado del país.

El tercero, el de Valencia (con 885 millones de Euros) también lleva gobernándolo el Partido Popular desde hace tiempo y legislaturas.

Que no vengan a vendernos ahora, eficacia y austeridad en la gestión. El Partido Popular en el gobierno, GASTA MÁS, Y GASTA PEOR, pues lejos de erradicar desigualdades las profundiza y acentúa. Si está recortando Cospedal en Castilla La Mancha, que no trate de responsabilizar de ello al anterior gobierno del PSOE. Recordémosle que igual están haciendo sus correligionarios de Madrid, Galicia y Valencia.

Y como apunte a la mencionada, decirle que la deuda de Madrid CAPITAL, es prácticamente idéntica, a la de TODA Castilla La Mancha.

Es incierto, por otra parte que sea ese tipo de recortes y medidas sobre las partidas sociales del Presupuesto, el que estén demandando los ciudadanos. En la Encuesta del CIS presentada en fecha 22 de Septiembre de 2.011, llevada a cabo a lo largo de 2.010 en colaboración con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios –AEDAL-, sobre una muestra de 2.500 personas, se puede comprobar cómo la inmensa mayoría de los españoles (un 97%) rechaza los recortes de gasto público en Educación, Sanidad y Pensiones, prefiriendo se lleven éstos a cabo en Infraestructuras y Defensa.

Concluyendo: ¿Recortes? En otro sitio. ¿Responsables? Los que los están llevando a cabo. ¿Evitar que continúen? El 20 de Noviembre.